El 25 de agosto de 2026, el Departamento de Seguridad Nacional publicó en el Federal Register, bajo el número 91 FR 54817, la propuesta de cobrar US$ 103.265 de cada solicitud de visa H-1B que disputa el límite anual, incluidas las que concurren a la reserva de 20.000 plazas para quien tiene maestría o título más alto obtenido en los Estados Unidos. La tasa se pagaría al entregar la solicitud y se sumaría a todas las demás.
De dónde viene esa cifra
La historia comienza antes. En septiembre de 2025, la Proclamación Presidencial 10973 condicionó ciertas solicitudes de H-1B a un pago de US$ 100.000, apoyada en los poderes presidenciales de restringir la entrada de extranjeros. El 8 de junio de 2026, un tribunal federal en Massachusetts derribó las orientaciones que ejecutaban ese pago, en el caso California v. Mullin. El gobierno recurrió el 11 de junio, y el recurso sigue pendiente.
La propuesta nueva sigue otro camino jurídico. En vez del poder de restringir entradas, invoca el poder de cobrar tasas del artículo 286(m) de la ley de inmigración, que autoriza al gobierno a cobrar lo suficiente para recuperar el costo integral de los servicios que presta. El propio gobierno registra que, si la proclamación y la tasa llegan a valer al mismo tiempo, los dos valores serán debidos, y anota que la proclamación, si no es prorrogada, expira antes de que la tasa pueda entrar en vigor.
Qué exactamente se propone
La propuesta agregaría a la tabla de tasas del USCIS un ítem nuevo, de US$ 103.265, para toda solicitud de H-1B sujeta al límite anual. El número no es redondo por casualidad: el gobierno sumó US$ 8.777.488.035 de costos anuales que pretende recuperar, dividió por el volumen previsto de 85.000 solicitudes y redondeó el resultado, US$ 103.264,57, al múltiplo de cinco más cercano.
Quedan fuera las solicitudes que no disputan el límite anual: las de universidades y entidades sin fines de lucro ligadas a ellas, las de organizaciones de investigación sin fines de lucro o del gobierno, y las prórrogas y cambios de empleador de quien ya entró en el límite en un año anterior. Pero, dentro del límite, no hay excepción ninguna: pequeña empresa y entidad sin fines de lucro pagarían el mismo valor. El análisis del propio gobierno estima impacto económico significativo sobre 11.051 pequeñas entidades, lo que corresponde al 76% de las pequeñas entidades que presentaron solicitudes sujetas al límite en el año fiscal de 2025.
Adónde iría el dinero
La novedad jurídica de la propuesta no es el valor: es el destino. Por primera vez, el gobierno propone usar la tasa de un tipo de solicitud para financiar no solo al órgano que la analiza, sino a otras cinco estructuras federales del sistema de inmigración. La proyección de US$ 8,8 mil millones por año se repartiría así:
| A quién va | Cuánto por año | Para qué |
|---|---|---|
| USCIS, que analiza las solicitudes | US$ 3.000 millones (34,2%) | Cubrir lo que las tasas actuales no pagan y absorber costos de la cuenta de respuesta acelerada. |
| Cortes de inmigración (EOIR) | US$ 2.957 millones (33,7%) | 8.400 cargos nuevos, entre jueces y apoyo, más estructura. |
| Departamento de Trabajo | US$ 1.210 millones (13,8%) | Certificación de trabajo (PERM, LCA, salario de referencia) y fiscalización laboral. |
| ICE | US$ 1.050 millones (11,9%) | Verificación de antecedentes de solicitantes y programa de estudiantes extranjeros. |
| Departamento de Estado | US$ 484 millones (5,5%) | Verificación en los consulados, prevención de fraude y costos del programa de refugiados. |
| Aduana y frontera (CBP) | US$ 76,2 millones (0,9%) | Sistema biométrico de entrada y salida. |
El fundamento es una lectura amplia de los ítems (m) y (n) del artículo 286: si la ley manda recuperar el costo integral de los servicios y permite reembolsar fondos públicos gastados en ellos, el gobierno entiende que puede cobrar a un grupo de empleadores costos generados por otras agencias. La propia propuesta admite que nunca antes se transfirió directamente el costo de un programa a otro con base en la capacidad de pago de un grupo específico, y que muchos empleadores van a discrepar de financiar programas con los que no tienen relación.
La justificación ofrecida es la capacidad de pago. El gobierno cita la remuneración mediana de US$ 133.000 de los beneficiarios de H-1B aprobados en el año fiscal de 2025 y un estudio económico reciente para sostener que la demanda por las 85.000 plazas no caería por debajo del límite ni siquiera con tasa superior a US$ 100.000.
Qué acompañar de aquí en adelante
- El calendario. El plazo de comentarios termina el 24 de septiembre de 2026, y solo después puede salir la regla final. La propuesta no dice cuándo la tasa pasaría a valer ni cuál temporada del sorteo sería la primera alcanzada, y afirmarlo hoy sería adivinanza.
- La Justicia. La propuesta nace a la sombra del proceso sobre el pago de US$ 100.000 de la proclamación, todavía pendiente en segunda instancia, y la lectura ampliada del artículo 286(m) tiende a ser cuestionada en juicio si la regla sale como está.
- Su planificación. Para empresa y profesional que consideran el H-1B, la simple existencia de la propuesta ya es un riesgo a poner en la cuenta, junto a las alternativas que no disputan el límite anual y que quedarían fuera de la tasa.
Fuentes
- DHS y USCIS, Fee for Certain H-1B Petitions, propuesta de regla, 91 FR 54817, del 25 de agosto de 2026, Docket USCIS-2026-0298, RIN 1615-AD20. Comentarios hasta el 24 de septiembre de 2026, en regulations.gov.
- Proclamación Presidencial 10973, Restriction on Entry of Certain Nonimmigrant Workers, 90 FR 46027, del 19 de septiembre de 2025.
- California v. Mullin, n.º 25-13829 (D. Mass.), decisión del 8 de junio de 2026 que derribó las orientaciones de ejecución del pago; recurso pendiente en el Primer Circuito, según lo relatado por el propio gobierno en la propuesta.
- Ley de inmigración, artículo 286(m) y (n), 8 U.S.C. § 1356(m) y (n), y artículo 214(g), 8 U.S.C. § 1184(g).
Actualizado el 29 de agosto de 2026. El texto comenta una propuesta de regla, que puede ser alterada, abandonada o, si llega a ser aprobada, suspendida por decisión judicial.