Qué hace la propuesta
El Departamento de Seguridad Nacional publicó en el Federal Register del 11 de septiembre de 2026 una propuesta de regla que deroga el dispositivo 8 CFR 214.1(l)(2). Es ese dispositivo el que da hoy un plazo de hasta 60 días, o hasta el fin del período de validez aprobado si este fuera menor, a la persona que está en los Estados Unidos en E-1, E-2, E-3, H-1B, H-1B1, L-1, O-1 o TN y cesa el empleo o la actividad que sostiene ese estatus. Durante ese plazo la persona no es considerada en falta con el estatus, y lo mismo vale para el cónyuge y los hijos menores de 21 años no casados que dependen de ella.
La propuesta todavía no rige. Es una notice of proposed rulemaking, que abre consulta pública antes de que el gobierno decida. Los comentarios pueden enviarse hasta el 10 de noviembre de 2026 en regulations.gov, en el proceso USCIS-2026-0364. Hasta que se publique una regla final, el plazo de hasta 60 días continúa en vigor exactamente como está.
De dónde viene el plazo de 60 días
Antes de 2017 no había plazo alguno. La propia propuesta describe el régimen anterior. Quien perdía el empleo pasaba a estar en falta con el estatus al día siguiente del fin del trabajo, se volvía removible por el INA 237(a)(1)(C) y en general ya no podía pedir prórroga de estadía ni cambio de estatus, porque ambas vías exigen estatus mantenido al momento de la solicitud.
El plazo nació en la llamada regla AC21, publicada el 18 de noviembre de 2016, 81 FR 82398, y en vigor desde el 17 de enero de 2017. Por lo que la propuesta actual transcribe de aquella regla, el objetivo declarado era permitir que el trabajador calificado buscara nuevo empleo sin salir del país y que el empleador estadounidense contratara con menos fricción. La propuesta de 2026 no niega ese objetivo. Afirma que la regla de 2016 no consideró suficientemente los efectos negativos del plazo.
A quién alcanza la propuesta
| Clasificación | Qué sostiene el estatus, según la propuesta |
|---|---|
| E-1 | Comercio sustancial entre los Estados Unidos y el país del tratado. |
| E-2 | Desarrollar y dirigir la empresa en la que se invirtió capital sustancial. |
| E-3 | Ocupación especializada ejercida para el empleador indicado, para nacional de Australia. |
| H-1B y H-1B1 | Ocupación especializada ejercida para el empleador peticionario. |
| L-1 | Continuar prestando servicios al mismo grupo empresarial, en función gerencial, ejecutiva o de conocimiento especializado. |
| O-1 | Continuar el trabajo en el área de habilidad o logro extraordinario que fundamentó la petición. |
| TN | Actividad profesional preacordada con empleador estadounidense, para nacional de Canadá o de México. |
El cónyuge y los hijos que dependen de esas clasificaciones son alcanzados junto con el principal. La propuesta reconoce que el cónyuge autorizado a trabajar en E-1, E-2, E-3, H-4 y L-2 perdería la autorización por el mismo motivo, y que el empleador de ese cónyuge también sentiría el efecto.
Qué cambiaría en la práctica
- La persona dejaría de mantener el estatus al día siguiente del fin del empleo o de la actividad, y el texto dice que debe salir de los Estados Unidos de inmediato, salvo que tenga otro fundamento para permanecer.
- El regreso se daría por nueva admisión, después de obtenida la aprobación correspondiente al nuevo empleo.
- El plazo de hasta 10 días del 8 CFR 214.1(l)(1), que existe para el cierre del período de validez, no es alcanzado por la propuesta y permanecería como está.
- La propuesta también retira la mención al plazo de 60 días del 8 CFR 204.5(p)(1)(i), que trata de la autorización de trabajo por circunstancias excepcionales para quien tiene petición de inmigrante aprobada.
- El propio gobierno registra que algunas personas pasarían a recibir Notice to Appear, con apertura de proceso de remoción ante el EOIR.
- El gobierno registra además que el empleador que despide a un trabajador en H-1B o O-1 ya responde por el costo razonable del pasaje de vuelta, y que ese gasto pasaría a ocurrir con más frecuencia.
Las razones que el gobierno presentó
La primera razón es de alineación con la ley. El preámbulo recorre la redacción del INA de cada clasificación y subraya que la ley liga el estatus a un trabajo determinado, prestado por regla para un empleador determinado. De ahí la conclusión del Departamento de que el plazo de 60 días desconecta el estatus de su propia base, ya que no es exigido por ley alguna. El fundamento invocado es el INA 103(a) y, sobre todo, el INA 214(a), que autoriza al Secretario a fijar por reglamento el tiempo y las condiciones de admisión del no inmigrante.
La segunda razón es de carga administrativa. El Departamento sostiene que verificar si el plazo se aplica, determinar la fecha exacta del fin del empleo y decidir si el plazo debe acortarse o eliminarse vuelve el análisis más largo y menos previsible. Informa que del 1º de octubre de 2017 al 20 de mayo de 2026 más de 1,9 millón de peticiones y solicitudes pasaron por esa verificación inicial. Observa también que la prueba de la fecha del desvinculamiento no está estandarizada, y que a veces el oficial debe deducirla de un comprobante de pago.
El preámbulo enfrenta además la cuestión del cambio de posición de la propia agencia, que es el punto jurídico más delicado de cualquier derogación reglamentaria. El Departamento reconoce expresamente que cambia de posición y sostiene que la confianza depositada en el plazo de 60 días es frágil, porque conceder o no el plazo siempre fue decisión discrecional tomada en el examen de una solicitud posterior. Cita, para ello, precedentes de la Corte Suprema transcritos en el propio preámbulo, entre ellos FCC v. Fox Television Stations y Motor Vehicle Manufacturers Association v. State Farm.
Qué consideró y descartó el gobierno
- Retirar el plazo solo de algunas clasificaciones. Descartado por no resolver el desalineamiento con la ley ni la carga administrativa en las demás.
- Acortar el plazo en lugar de acabar con él. Descartado porque la verificación que el oficial hace continuaría igual.
- Mantener el plazo con exigencia de prueba rigurosa de la fecha del desvinculamiento. Descartado porque el oficial todavía tendría que examinar y verificar esa prueba.
Los números del propio gobierno
| Años fiscales de 2021 a 2025 | Total en el período | Promedio por año |
|---|---|---|
| Personas que cesaron el empleo o cambiaron de empleador | 328.758 | 65.752 |
| Nueva petición de trabajo presentada dentro de los 60 días | 18.975 | 3.795 |
| Solicitud de residencia permanente presentada dentro de los 60 días | 1.924 | 385 |
| Solicitud de cambio o prórroga de estatus dentro de los 60 días | 5.596 | 1.119 |
| Autorización de trabajo por circunstancias excepcionales dentro de los 60 días | 49 | 10 |
La propuesta estima que quien deba responder a un Notice to Appear y comparecer a la audiencia gasta entre 204,43 y 300,53 dólares en tiempo y desplazamiento. Calcula además, como límite superior, la pérdida de ingresos de quien tardara dos meses en buscar empleo fuera del país y volver, en 21.877 dólares, a partir de una remuneración anual mediana de 131 mil dólares. Esos números vienen del propio documento y pueden ser revisados en la regla final.
Qué acompañar de aquí en adelante
- La regla final, que puede mantener, modificar o abandonar la propuesta. No hay fecha anunciada para ella.
- El régimen de transición. La propuesta no dice qué ocurriría con quien ya estuviera dentro del plazo de 60 días el día en que una regla final entrara en vigor.
- La portabilidad del H-1B, prevista en el INA 214(n). La propuesta no trata el asunto, y el punto merece atención en la regla final.
- Un eventual cuestionamiento judicial de la regla final, que en materia de inmigración ha sido frecuente.
- El plazo de comentarios, que termina el 10 de noviembre de 2026.
Fuentes
- Department of Homeland Security, Eliminating the Discretionary 60-Day Grace Period, notice of proposed rulemaking, 91 FR 57807, Federal Register del 11 de septiembre de 2026, RIN 1615-AD22, CIS No. 2858-26, DHS Docket No. USCIS-2026-0364.
- 8 CFR 214.1(l), 8 CFR 204.5(p)(1)(i), 8 CFR 214.1(c)(4) y 8 CFR 248.1.
- INA 103(a), 214(a), 214(e) y 237(a)(1)(C), 8 U.S.C. 1103(a), 1184(a), 1184(e) y 1227(a)(1)(C).
- Retention of EB-1, EB-2, EB-3 Immigrant Workers and Program Improvements Affecting High-Skilled Nonimmigrant Workers, 81 FR 82398, del 18 de noviembre de 2016, citada conforme transcrita en la propuesta de 2026.
Actualizado el 11 de septiembre de 2026, con base en la notice of proposed rulemaking publicada en el Federal Register del 11 de septiembre de 2026, 91 FR 57807, leída íntegramente. La propuesta no está en vigor. El plazo de hasta 60 días del 8 CFR 214.1(l)(2) continúa vigente mientras no se publique una regla final. El contenido de la regla final puede ser distinto del propuesto, y la regla final puede aún ser suspendida o anulada judicialmente. Confirme la situación antes de tomar cualquier decisión.